¿DESPLAZAMIENTO FORZADO DEL ESTADO?  “GOBIERNO NOS DEJA SIN TIERRAS”

Denuncian 17 familias de la vereda caños negros de Villavicencio

Una resolución del Incoder en liquidación les notificó a 17 familias de la vereda caños negros de Villavicencio,  que deben devolver los predios que hace 10 años les entregó como tenencia provisional por cinco años para que vivieran en ellos en calidad de campesinos vulnerables sin tierra.

La única condición que se les puso en el 2006 era que en esas 197 hectáreas se adelantarán proyectos productivos y les dieran buen uso. Y a fe que lo hicieron porque desarrollaron un proyecto de doble propósito para producir leche y terneros. Así nacieron los predios Sebastopol y La Florida.

Según algunos de los denunciantes,  tras la entrega que les hizo el Incoder diseñaron un proyecto sostenible para cada grupo familiar que les permitiera sostenerse y criar gallinas y marranos.

Llegamos con nuestras familias y pasaron los cinco años establecidos y el Incoder no dijo nada,  dice Milciades Velásquez, uno de los damnificados por la medida del gobierno, hoy  a través de un oficio, el Incoder les notificó que por orden de un juez los predios deben ser devueltos a sus dueños, “razón por la cual la Sociedad de Activos Especiales (antes dirección Nacional de Estupefacientes) revocó el depósito provisional que le había otorgado al Incoder y solicita la entrega inmediata”.

Los campesinos dicen que el Estado lo único que les dio fue la tenencia de la tierra y que ahora se las quiere quitar. “Ahora somos desplazados por el mismo Estado, somos pobres y no tenemos plata para poner un abogado, no tenemos quien nos defienda”, dicen desconsolados.

Los campesinos de Caños Negros Denuncian además,  que nada de lo que se les prometió cuando se les entregó la tierra se les  cumplió, no apareció el  capital semilla y no tuvieron  asistencia técnica por parte del Incoder.

ahora les están diciendo que si devuelven los predios les van a adjudicar uno en el municipio de San Carlos de Guaroa (Meta), a dos horas de recorrido de Villavicencio,  que ellos no conocen y que al parecer es intervenido por empresas palmeras que utilizan sus servidumbres, lo que les generaría otro problema.

Comienzan así los líos por la nueva ley Zidres, sancionada por el gobierno.