¿Qué es la Restitución de Tierras? ¿A quién le sirve esta ley?

Falta mucho terreno para que esta ley sea de beneficio para alguien diferente a los de siempre

Según reza en el encabezado la Restitución de Tierras  es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. La restitución no depende de si quien reclama tiene títulos o no. La ley de Víctimas no sólo busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna.

La restitución de tierras es una parte de la reparación integral de la Ley de Víctimas, por lo cual si una persona fue afectada por otro tipo de delitos podrá reclamar la indemnización, la rehabilitación, garantías de satisfacción y garantías de no repetición.

Hasta ahí todo está bien para el gobierno, pero comienzan los peros para los despojados o los que debieron abandonar sus tierras por fuerza mayor, según lo explica  José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, La restitución es una política bien intencionada, aún a pesar de desconocer el principio de la presunción de inocencia, pues frente a la denuncia de una presunta víctima, el tenedor es culpable de despojo hasta que no demuestre lo contrario. Afortunadamente, por iniciativa nuestra se introdujo la instancia de revisión, pues la propuesta no contemplaba recursos frente a la decisión judicial. No imagino en qué estaríamos si, como afirmó León Valencia en reciente debate, inicialmente se pensó en que la restitución no se hiciera por vía judicial sino administrativa. Dios nos salvó de semejante atropello.

El problema está en la realidad y en la instrumentalización. En la realidad por el gran retroceso en seguridad, derivado de las exigencias de las Farc (suspensión de bombardeos, de fumigación y disminución de acción ofensiva), lo cual impide la restitución donde ha sido mayor el despojo, es decir, en las zonas donde Farc, ELN y bacrim ejercen control territorial. Sí, control territorial, aunque al Gobierno no le guste oírlo. Y no lo digo yo, sino la Unidad de Tierras. De 88 mil 640 solicitudes, solo el 51 % han sido “habilitadas por el Ministerio de Defensa”, es decir, la mitad no puede ser atendida porque la Fuerza Pública no garantiza la seguridad por la presencia de grupos ilegales.

De las 44 mil 847 restantes hay 31 mil 604 con trámite finalizado y solo 15 mil 286 se registran como inscritas. De las no inscritas, ¿cuántas eran falsas víctimas? ¿Cuántas verdaderas a las que se les negó el derecho? No se puede establecer, porque la restitución se instrumentalizó a través de contratación con ONG que no garantizan neutralidad en sus “análisis de contexto”, lo cual está generando nuevas víctimas entre compradores de buena fe, despojados para beneficiar a víctimas que no siempre lo son.

¿Qué piensa de todo esto el gobierno nacional? A esto responde El viceministro de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz granados Pinedo, junto al director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal indicando  que el Gobierno tiene toda la disposición para escuchar y atender las recomendaciones que permitan que la política pública de restitución logre sus objetivos, comento sobre una serie de intervenciones pasadas de tono, las cuales el Gobierno Nacional no está obligado a presenciar, como en las que algunos líderes gremiales señalan que la restitución es la cuota inicial para cederle territorio a los grupos armados ilegales. Declaraciones como esas, desdibujan el propósito para el que estamos trabajando”.

Asimismo, el funcionario rechazó las insinuaciones que tildan a las comunidades, como si fuesen militantes de algunos de los extremos: “esto pone en riesgo la seguridad de los reclamantes, así como de los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras”.

Lo cierto es que el camino es largo, los amigos muchos, los enemigos más, falta ver si el gobierno logra poner a tono esta ley con las necesidades de la tierra que exigen los campesinos y ganaderos  así como los gremios  que agrupan a las verdaderas víctimas que fueron despojadas   obligadas a abandonar sus tierras  a causa del conflicto armado, lo que contribuirá a la paz o al alargamiento de las conversaciones en la Habana.