De licencias ligeras, funcionarios caricaturescos y ecologismos banales

Otro más de los capítulos en los que se demuestra la ausencia de institucionalidad y el patético personalismo que caracteriza nuestro sistema político. Razones más que suficientes para suspirar y pensar que sucederá cuando lleguen temas más complejos, como ese que algunos han dado en llamar Postacuerdo.

 Por: Carolina Caro Semillero In-Vestigium, Universidad de La Salle

“Caño Cristales en peligro por explotación petrolera”. Este fue el titular que se conoció, tras el otorgamiento de una licencia ambiental por parte del ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) a la petrolera Hupecol, con el fin de explorar y explotar recursos de la Serranía de la Macarena, zona donde se encuentra uno de los sitios turísticos más visitados de Colombia: Caño Cristales.

La noticia provoco que  se registraran marchas en los  departamento del Cesar, Meta y Vichada contra diferentes empresas que buscan explotar el territorio, sin embargo, no fueron tan visibilizadas como la noticia de Caño Cristales, lo que obliga a la pregunta ¿Cuántas licencias más se habrán otorgado y nosotros sin saberlo?

El colombiano promedio no dejó de sorprenderse por la noticia, aunque ya es pan de cada día que se sepa de un proyecto de extracción minera o petrolera. Pero Caño Cristales representa un exotismo en el que es imposible ser indiferente y su ubicación estratégica nos ahorra el complejo trabajo de ir a un mapa de Colombia y conocer algún lugar remoto de nuestra geografía.

Pese a que el país entero está en medio de un debate sobre los recursos naturales, el ahorro y el reciclaje se han vuelto un tema de agenda nacional, el ANLA, cuya función radica en velar por el bienestar del medio ambiente y los recursos naturales, no cumple sus funciones, como muchos organismos autónomos. El ANLA es otro de los esperpentos burocráticos que rellenan informes de gestión haciendo campañitas como “Apagar paga” y “Ecolombianos”, pero a la vez van entregando licencias sin estudios técnicos o argumentos científicos que las sustenten: a la final lo que importa es el billetico que esté por debajo de la mesa.

Lo anterior solo es muestra de la hipocresía que se maneja en el país, creemos que la culpa es de las petroleras por querer extraer nuestros recursos, pero en realidad dicha culpa se debe a la ausencia de un Plan Integral de Manejo Ambiental (PIMA), donde se establezcan los límites de las actividades extraccionistas, lo cual haría que las empresas piensen dos veces antes de entrar en la puja por una licencia ambiental. Pero ¿por qué debe ser una entidad autónoma la encargada de administrar este tipo de territorios conociendo que es patrimonio de los colombianos y deber de todos protegerlo?

A pesar de que Cormacarena haya presentado un informe, ratificado en el 2015, donde se afirmaba las consecuencias negativas sobre el ecosistema a partir del proyecto de Hupecol, este no tuvo relevancia dentro de las decisiones tomadas por la ANLA para aprobar la licencia, pero ¿Pero por qué aprobar una licencia si ya había un elemento probatorio del efecto de la explotación? El único argumento que se encontró es que solo se le otorgó 43% del territorio solicitado. Sin embargo, se ignora que bajo toda esta zona se encuentran yacimientos petrolíferos conectados, lo cual hace que lo que sucede en un lugar afecte también otras zonas.

Por otro lado, son paradójicas las acciones tomadas por algunos funcionarios públicos como el presidente de la República, pues tras la noticia y el escándalo causado, el mandatario no pudo hacer más que twittear (Gobierno en línea) la cancelación de la licencia pero no tuvo en cuenta que a pesar de ser el jefe de Estado y de gobierno, él no tiene potestad ni jurisdicción sobre el tema ya que la decisión de aprobar, rechazar o cancelar las licencias ambientales recae únicamente el ANLA. A pesar de ello, se revive el dilema en el cual la legitimidad sobrepasa la legalidad.

No contentos con el show, el ministro de Ambiente, Andrés Vallejo, solicitó al ANLA la cancelación de la licencia minutos después que el presidente Santos, publicó a través de su twitter que ya se había cancelado la licencia. Entonces, la ecuación es la siguiente, para que exista la ANLA si un Ministro o un Presidente con un twitter pueden revocar licencias.

En síntesis, otro más de los capítulos en los que se demuestra la ausencia de institucionalidad y el patético personalismo que caracteriza nuestro sistema político. Razones más que suficientes para suspirar y pensar que sucederá cuando lleguen temas más complejos, como ese que algunos han dado en llamar Postacuerdo.