Pulso inexplicable entre Gobierno y ELN enfría el optimismo por la paz

“La definición de esta agenda con el ELN abre el inicio de la fase pública de conversaciones, la cual comenzará en Ecuador tan pronto queden resueltos unos temas humanitarios, incluido el secuestro. Para el Gobierno no es aceptable avanzar en una conversación de paz con el ELN mientras mantenga personas secuestradas”. Presidente Santos. 

La enorme esperanza de finalización del conflicto armado que despertó entre  buena parte de la población colombiana   y los demócratas,  la presentación en Caracas por parte del gobierno y el ELN de la decisión de pasar a la fase pública de las negociaciones, dos años y dos meses después de los primeros contactos, ha sido reemplazado por un gran escepticismo dado el pulso público que las partes están adelantando.

En la rueda de prensa el mismo día y en unas declaraciones posteriores a la Agencia de Noticias EFE por parte de Antonio García publicadas el 1 de abril, se pudo observar que el tema del secuestro seguía siendo un escollo fundamental. De hecho García ante la pregunta de “¿En cuánto tiempo es previsible la instalación formal del diálogo? afirmó que, “Mañana y pasado mañana vamos a conversar con el gobierno para terminar algunos temas operativos y en esa reunión pensamos definir con más precisión la fecha del siguiente ciclo en Ecuador. La idea que se maneja es que sea en no más de dos meses para iniciar la fase pública y tocar el primer tema de la agenda”.

Pero en esa misma entrevista ante la pregunta ¿Está dispuesto el ELN a liberar a los secuestrados para coadyuvar el desarrollo del diálogo haciendo ese aporte? Respondió. “Lo hemos hecho. Por ejemplo, los prisioneros de guerra se han liberado. Si un prisionero de guerra tiene implicaciones en cosas graves con la sociedad, hechos de inteligencia militar, ha desencadenado operaciones militares no se va a poder. Pero un militar que en cumplimiento de su tarea o responsabilidad llega a ser prisionero pues se considera y se libera, ya ha pasado. Ya otro tipo de hecho por motivos políticos, económicos, muchas veces sociales pues no lo hemos considerado. Puede ser cuestionable, pero es una política normal. Todos los gobiernos del mundo hacen privación de libertad y hacen cárceles”.

Ya el día anterior, en la alocución del presidente Santos para presentar el acuerdo afirmó: “La definición de esta agenda con el ELN abre el inicio de la fase pública de conversaciones, la cual comenzará en Ecuador tan pronto queden resueltos unos temas humanitarios, incluido el secuestro. Para el Gobierno no es aceptable avanzar en una conversación de paz con el ELN mientras mantenga personas secuestradas”.

De esas dos afirmaciones hechas el mismo día se desprenden dos conclusiones. La optimista nos dice que había un acuerdo no escrito para iniciar acciones humanitarias y de des escalamiento de la confrontación armada que las partes no han respetado o la segunda menos optimista es que anunciaron la fase publica sin considerar el gigantesco obstáculo que hay en las posturas de las partes sobre el secuestro, lo que puede dar al traste con las negociaciones.

Pero el asunto va camino de complicarse si se tiene en cuenta que una vez producida la voladura del oleoducto Caño Limón-Coveñas el presidente declaró “Es inconcebible que este grupo, en lugar de dar muestras concretas de paz, insista en el secuestro y en atentar contra la infraestructura de los colombianos, como lo hizo este viernes con otra voladura a un oleoducto, causando inmensos daños al medioambiente por el que tanto dicen preocuparse”, mientras en entrevista concedida al diario vasco Gara, Gabino ante la pregunta, el presidente Juan Manuel Santos ha condicionado la instalación de la mesa en Quito a la entrega por parte del ELN de todas las personas retenidas. ¿Qué postura tiene el ELN al respecto? Respondió, “Cada una de las partes tenemos muchos motivos para poner condicionantes, pero hacerlo es ir en contra del proceso de paz, por ello nunca hemos puesto requisitos a lo largo del proceso, esperamos que el gobierno entienda que eso sólo produce trancas en el proceso y que si nos pusimos de acuerdo en una Agenda, lo sensato es asumirla tal como está acordada. Queremos que llegue la paz para que se acaben todas aquellas actividades producto de la guerra y que a todos nos generen dolores. ¿Qué tal que colocáramos como condición para continuar los diálogos, que liberaran los guerrilleros que están en las cárceles en condiciones infrahumanas y muriendo por falta de atención médica del Estado?”.

Todo lo anterior permite decir que subsisten importantes diferencias entre las partes en relación con temas sensibles y en particular con el tema del secuestro, antes del inicio de la fase pública. Como en el caso de las negociaciones entre el gobierno y las FARC, en necesario para las partes  tener como referente la responsabilidad con la sociedad colombiana antes que pulsos políticos que no benefician la negociación, y desarrollar todas las acciones conducentes al des escalamiento de la confrontación y al pronto inicio de las reuniones en Quito.

También se  necesitan  los buenos oficios de los países garantes para superar estos obstáculos y la  plena disposición a seguir colaborando en la búsqueda del fin del conflicto armado en Colombia.

Por último, es urgente  decirle al ELN que resulta a todas luces inaceptable su insistencia en validar la práctica del secuestro como forma de financiación y que los ataques a la infraestructura van contra recursos públicos, es decir de todos, causan significativos e irreparables daños ambientales, afectan en muchos casos a la población civil y alimentan la causa de los guerreristas. Pero además son las prácticas más repudiadas por la sociedad y no se trata solamente de una matriz de opinión.

 De igual forma , decirle al gobierno y al Estado que su incapacidad para detener los ataques contra líderes políticos y sociales y defensores y defensoras de Derechos Humanos por un lado y la afectación a la población civil en zonas donde se bombardea y ametralla al ELN, como en el caso del Chocó de donde se tienen noticias de desplazamientos y confinamientos producidos por los combates en Itsmina y el Baudó donde han sido afectadas cerca de 7.000 familias, por otro lado, siembran dudas sobre su compromiso con la paz y los Derechos Humanos, independientemente de la reiterada afirmación en los más altos niveles de gobierno de que ese estado de cosas les preocupa.

adenda: Habrá que ponerle el ojo a La aprobación en el Senado del Proyecto de Código de Policía, ya que ni el  gobierno ni  los congresistas han querido reconocer que más parece  un código para la guerra y no para la paz,  un despropósito que el gobierno debe dejar de apoyar.