La demanda va en contra de la decisión de tomar el
acuerdo final como un acuerdo especial en términos de derecho internacional
para protegerlo jurídicamente
El Procurador General de Colombia, Alejandro
Ordoñez, solicitó la nulidad del acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y
las FARC el pasado 12 de mayo, que busca proteger o “blindar” los acuerdos a
los que se llegue en la mesa de conversaciones instalada en La Habana desde
hace 4 años aproximadamente.
Ordoñez argumenta para que se eliminen los
numerales IV y V en los que se establece “brindar seguridad y estabilidad
jurídica al Acuerdo Final; para asegurar su introducción de ordenamiento
jurídico colombiano y para dar cumplimiento de dicho Acuerdo Final, tanto
conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional”.
El argumento del procurador es que, según su
criterio, dicho acuerdo va en contra de las normas colombianas, la Constitución
del país y las normas internacionales que ha suscrito Colombia hasta el
momento.
Además, resaltó que a pesar de que aún no es
oficial el blindaje de los acuerdos, ya que la medida hasta ahora fue
anunciada, pero aún no entra en vigencia,
puede demandar los acuerdos anunciados ante el Consejo de Estado (órgano
de la justicia encargada de los procesos administrativos) por tratarse de un
acto gubernamental y todos los actos gubernamentales pueden ser denunciados
ante los jueces, por lo que le pidió al ente de justicia poner una medida
cautelar para suspender los acuerdos.
¿En qué consiste el blindaje de los acuerdos?
El blindaje consiste en que el acuerdo final entre
las FARC y el Gobierno se entenderá como un acuerdo especial según el artículo
3 común de los Convenios de Ginebra y que posterior a la firma, este será
entregado a los depositarios de dicho acuerdo internacional.
Esta decisión fue inmediatamente incluida en el
Acto Legislativo Para la Paz (reforma de la Constitución) para que el acuerdo
final entre el Gobierno y las FARC sea entendido como acuerdo especial y tenga
efectos internacionales.
La advertencia del Procurador
El procurador además advirtió que con la aprobación
del acuerdo por parte del Congreso y la implementación del Gobierno, una vez
firmado el acuerdo final, no será necesario que los acuerdos sean refrendados a
través del plebiscito para la paz, mecanismo por el cual los colombianos serán
preguntados si están de acuerdo o no con lo acordado entre el Gobierno y las
FARC.
Cabe destacar que tal y como se comprometió el
Gobierno Nacional en el comunicado conjunto 69, la realización de las
mencionadas acciones internacionales (depósito y declaración unilateral) no
está supeditada al éxito de las acciones internas ni al visto bueno de los
órganos estatales colombianos, ni mucho menos a una eventual refrendación
popular”.
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