Según un informe presentado por el periódico EL TIEMPO, El ‘reversazo’ del Gobierno a la concesión de una licencia para la exploración de hidrocarburos en la región de La Macarena, en el sur del país, ha sido uno de los casos ambientales más sonados de este año, dados los riesgos que implicaba para un área biodiversa y de importantes conexiones ecológicas. Pero no es el único
Claudia González, directora (e) de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), le explicó a ese diario que todas las semanas se trabaja con las corporaciones autónomas regionales para que no haya un choque de trenes entre autoridades ambientales. También, que por petición del Gobierno se están revisando los impactos acumulados en regiones donde las agencias nacionales de Minería, de Hidrocarburos y de Infraestructura tienen proyectos.
La Anla asegura que sigue reuniéndose con autoridades para evaluar el impacto que generaría el cambio del curso del arroyo Bruno por parte de la empresa de minería a cielo abierto Cerrejón, en una zona rural de Albania, en La Guajira.
El Ministerio del Interior ya aseguró, sin embargo, que no se necesita una consulta previa con la comunidad de La Horqueta 2 y que, por lo tanto, continuarán las obras preparatorias.
“Vamos a reunirnos a mediados de agosto con la comunidad para mostrar el resultado de los estudios conjuntos, pero la decisión final la tendrá un tribunal”, adelantó González.
La represa de El Quimbo
Esta hidroeléctrica ha estado bajo la lupa de las autoridades ambientales por los incumplimientos en el retiro de la masa vegetal que estaba en el vaso de la represa. Estuvo cerrada seis meses y hace unas semanas la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM) denunció que, tras su reapertura, continuaba aportando aguas con baja oxigenación. En contraste, la Anla defendió que el nivel de oxígeno mejoraba en el punto de entrada a la represa Betania, en Huila.
González afirma que no hay contradicción entre autoridades ambientales, como pasó antes con el llenado de la represa: “Hemos presentado los informes de manera conjunta. La CAM habla de los niveles de oxígeno en el embalse y en la descarga, y nosotros, del impacto en los ríos y en Betania, que son los aspectos críticos con miras a evitar afectaciones en el cuerpo de agua y en la piscicultura”.
El puerto de Tribugá
La directora de la Anla afirma que no es posible desarrollar un puerto en el Golfo de Tribugá, en Nuquí (Chocó), proyecto que preocupa a los ambientalistas. La razón: la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) definió un distrito de manejo integrado en la zona, para la conservación de las ballenas que llegan al Pacífico colombiano.
De acuerdo con González, aunque no es la primera vez que esta iniciativa llega a su entidad, nunca se ha presentado un diagnóstico de alternativas ambientales para la región.
Explorar en La Macarena
Después de frenarse una licencia ambiental para la exploración de hidrocarburos en la zona aledaña al Parque Nacional Tinigua, en el Área de Manejo Especial de La Macarena (Amén), a nombre de la empresa norteamericana Hupecol, se advirtió que otros bloques petroleros en la región estarían solicitando permisos ambientales para comenzar sus labores.
Según González, no se ha recibido ninguna solicitud adicional y se está trabajando con la Gobernación del Meta, Cormacarena y Parques Nacionales Naturales para hacerles seguimiento a los proyectos de la zona y verificar el cumplimiento de los usos permitidos.
Vía Ciénaga-Barranquilla
Hace poco, Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente; Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, y Rosa Cotes, gobernadora del Magdalena, anunciaron que en 18 meses comenzaría las obras de la vía Ciénaga-Barranquilla, criticada por expertos ambientales debido a la afectación que le causaría a la vía Parque Isla de Salamanca.
Claudia González explicó que se va a prestar especial atención a este caso y que, respecto a la situación de la ciénaga (en un estado de grave degradación ambiental), aún no se han impuesto sanciones a particulares. También recordó que la responsabilidad de este ecosistema recae en la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) y en Parques Nacionales.
