¿Quiénes
son los responsables
de la crisis eléctrica?(tomado de la revista SEMANA)
Aunque por la crisis eléctrica ya rodó una cabeza, la verdadera
responsabilidad de tener al país al borde de un apagón va mucho más allá de la
caída de un ministro.
En su edición virtual, la revista Semana hizo un
análisis completo sobre los verdaderos culpables de la situación actual del
país en materia energética, por ser de interés nacional , les presentamos el
resumen de dicha publicación.
La renuncia del ministro de Minas, Tomás González,
ocurrida la semana pasada, como consecuencia de la crisis eléctrica, despertó
toda clase de reacciones. Algunos la justificaron pues esperaban que rodaran
cabezas, en especial del alto gobierno; otros opinaron que su salida no es
suficiente y exigen que caigan más responsables; y finalmente hubo quienes
consideraron que Tomás González fue un chivo expiatorio y que su retiro en nada
cambia las cosas, pues el sector enfrenta un problema estructural que viene de
años atrás y que está en mora de ser corregido.
Más allá de la emotividad de los comentarios que
inundaron las redes sociales, hay que decir que en un país donde pocos
renuncian a sus cargos para asumir la responsabilidad política - por el
desempeño del sector que dirigen- y, por el contrario, abundan los que se hacen
los desentendidos -cuando las cosas no marchan bien- al ministro González se le
abona haber puesto el pecho y responder con su puesto. “Mi deber es asumir la
responsabilidad política de esta situación, porque estoy convencido de que los
ministros tenemos que responder con nuestros cargos por el desempeño de los
sectores que dirigimos”, dijo en su carta de renuncia.
Pero la verdad sea dicha, la responsabilidad por
tener al país al borde de un apagón va mucho más allá de la caída de quien
fuera el quinto ministro de minas en los 6 años que van de la administración de
Juan Manuel Santos. Si bien hasta ahora no ha habido racionamiento y, a pesar
del estrés al que se ha sometido el sistema energético, se ha podido abastecer
a los hogares, comercios e industrias, quedan muchas preguntas sin respuestas.
Por ejemplo, por qué el sector eléctrico llegó
hasta el filo de la navaja cuando se ha dicho que Colombia es una potencia en
esta materia no solo dentro, sino fuera del país. Su capacidad hídrica, ha sido
destacada en el mundo entero y muchas de las compañías del sector, traspasaron
fronteras, y hoy son líderes en Centroamérica y en varios países de Suramérica.
O cómo explicar, también que, hace dos semanas, el Foro Económico Mundial (FEM)
en un estudio sobre el estado de los sistemas energéticos en 126 países,
destacó a Colombia como el octavo mejor del planeta. El informe señala que
Colombia tiene un sistema fuerte, que ha aumentado la cobertura de energía y
gas y ha expandido la generación eléctrica y en hidrocarburos. El índice que compara los países tiene en
cuenta tres aspectos: aporte al crecimiento, sostenibilidad medioambiental y
seguridad y acceso. “El sistema energético colombiano es bastante fuerte y a
pesar del Fenómeno de El Niño el país va muy bien”.
A cualquier ciudadano de a pié le suena ilógico que
le digan que el país tiene un sector eléctrico fuerte y robusto -como anota el
FEM- y al mismo tiempo le pidan que ahorre energía, si no quiere que haya un
apagón. Tampoco es compresible para los consumidores qué, después de pagar en
sus facturas una cantidad, para garantizar el suministro del servicio
eléctrico, le adviertan que si no baja el consumo le cobrarán el doble.
Pues bien, las respuestas a los anteriores
interrogantes no son para nada sencillas, porque no todo en este asunto es
blanco y negro. Hay demasiadas aristas. El debate es muy técnico, y, como si
fuera poco, en la actual coyuntura el tinte político ha polarizado la
discusión. hay que reconocer que nunca antes habían coincidido tantos líos para
el sector eléctrico, como en esta ocasión. Como bien lo han dicho muchos, se ha
dado la tormenta perfecta. Este es el fenómeno de El Niño más fuerte de la
historia por intensidad y prolongación. El caudal de los ríos y el nivel de los
embalses comenzaron a descender aceleradamente.
Cuando se encendieron las térmicas para apoyar la
generación hidráulica, diezmada por la sequía, salió a flote una crisis
financiera en las plantas que trabajan con combustibles líquidos (diésel). Para
evitar que un problema de caja se volviera una crisis energética, el gobierno
debió atender la situación de manera urgente, con medidas que implicaron
aumento en tarifas para todos, lo que levantó un avispero y cuestionamientos a
la figura del cargo por confiabilidad, hoy en el ojo del huracán y sobre el que
más adelante se ahondará en este artículo. Por esta misma circunstancia, y para
agregarle una tensión más al sistema, Termocandelaria, planta ubicada en
Cartagena, entró en crisis. El 17 de octubre del año pasado paró, argumentando
que no era rentable de operar, por lo que debió ser intervenida por la
Superintendencia de Servicios Públicos y obligada a generar, aún a pérdida.
El 2015, cerró con otra noticia fatal para el
sistema. La central hidroeléctrica de El Quimbo, que aporta el 5 por ciento de
la demanda diaria nacional de energía, tuvo que apagar sus máquinas, durante
casi un mes, por orden de un juez, ante los cuestionamientos ambientales en el
Huila donde está ubicada. Y para
completar la tormenta, el 2016 comenzó con lo más inesperado. Un incendio en la
central hidroeléctrica de Guatapé, de propiedad de EPM, sacó del sistema a esta
importante generadora. El coletazo fue peor, pues afectó directamente a dos
centrales, Playas y San Carlos, con lo que se perdió el 11 por ciento de la
generación del sistema interconectado nacional. Lo peor es que mientras el agua
de los embalses bajaba de niveles del 30 por ciento, apareció otro daño
inesperado en una turbina de Termoflores, lo que puso a trabajar a media
máquina esta térmica. A todo lo anterior se sumó que Venezuela no cumplió el
acuerdo por medio del cual la petrolera Pdvsa se comprometió a entregarle a
Colombia 40 millones de pies cúbicos de gas por día, lo que ayudaría a las
térmicas.
Aunque las circunstancias descritas atrás, eran
imposible de prever, , si amerita hacer una reflexión sobre lo que ha pasado.
Evaluar si el país debió estar mejor preparado para enfrentar estos riesgos
inesperados; si ha habido fallas en la ejecución de obras; si las medidas que
se han tomado para mitigar el impacto de El Niño llegaron demasiado tarde; y si
las alarmas no sonaron a tiempo. Por supuesto, hay que revisar los roles de los
involucrados en toda la cadena energética y conocer quiénes son los
responsables.
En un debate que organizó la Universidad del
Rosario, Luis Ignacio Betancur, experto en el sector eléctrico nacional, dijo
que “no es mala suerte lo que tuvimos, fueron errores del Estado”. Según el
analista, desde hace mucho tiempo eran conscientes de los daños que podrían
venir a futuro y nunca lo trataron de evitar . a alguien hay que pasarle la factura de cobro
por la menor disponibilidad de gas que tiene Colombia, lo que es parte
importante de todo este problema. En este tema hay demoras, muchas
injustificadas y que vienen desde el anterior gobierno. En la distribución de
responsabilidades hay discrepancias entre los técnicos, los operadores del
sistema, los observadores económicos y los políticos.
Angela Montoya, presidenta de la Asociación
Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), insiste en que buscar un
responsable o pedir que rueden cabeza, no arregla el problema. “Las discusiones
están migrando del tema técnico al político y no creo que eso sea lo más
conveniente”, anota.
El presidente de Naturgas, Eduardo Pizano, afirma
que ante una situación de emergencia como la que vive el país las autoridades debieron actuar más
rápidamente. “Para tratar de solucionar los problemas de Guatapé en el menor
tiempo posible, el gobierno debía, incluso, mandar aviones de la fuerza aérea
para traer los cables que necesita EPM”.
El papel de
la Creg en esta crisis
Para el senador del Centro Democrático, Iván Duque,
uno de los más estudiosos del tema energético y crítico en la actual coyuntura,
al país no se le ha dicho toda la verdad sobre lo que pasa con el sistema
eléctrico. Según el parlamentario el gobierno actuó con desidia, le faltó
concentrarse en una gestión técnica y ser más propositivo para encontrar
solución a las dificultades, más allá de cualquier cálculo político. El senador
Duque lideró una proposición en el Congreso, que fue aprobada por el Senado, en
la que se les pide la renuncia a los miembros de la Comisión de Regulación de
Energía y Gas (CREG) “debido a su actitud indiferente frente a la situación
alarmante que atraviesa el sector energético del país”.
Mientras algunos creen esta entidad encargada de la
regulación de los servicios de electricidad y gas, tiene muchas velas en este
entierro, otros operadores de la industria eléctrica señalan que pedir la
cabeza de todos los comisionados es puro populismo, lo que no significa que no
consideren necesario hacerle ajustes a este organismo para que actúe más
rápidamente acorde con las circunstancias.
Los de
agache
Lo que ha pasado con el sector eléctrico, ha
generado tanta indignación, como el mismo caso de Reficar. Comentaristas en
medios afirman que los consumidores no pueden pagar por los errores de los
verdaderos responsables y piden sanciones.
En los últimos diez años, el país ha pagado por
este concepto cerca de 16 billones de pesos que se les ha entregado a los
inversionistas (distribuido casi por iguales partes entre el sector térmico y
el hídrico) para garantizar la oferta de energía en condiciones críticas, como
las actuales. es como si los colombianos pagaran por tener un taxi disponible
para cuando llegue el momento de necesitarlo para una carrera. El conductor
cobra por estar ahí parqueado, al pie de la casa y sin ocuparse, solo esperando
que lo reclame el cliente. El cargo por confiabilidad es un ingreso muy
importante para hacer inversiones nuevas y mantenimiento y cumplir con el
compromiso de suministrar energía en el momento en que llega la sequía.
La controversia sobre este punto surgió, porque
algunas térmica (las que trabajan con combustible líquido) al entrar a operar a
plena capacidad, se quejaron de estar al borde de la quiebra y ahí fue donde se
armó Troya. El gobierno tuvo que intervenir y apoyarlas. Aunque ellas tendrán
que asumir una pérdida importante (más de dos billones de pesos) para cumplir
su compromiso, también a los consumidores les pusieron su cuota de 1,1
billones, a través de tarifas, lo que para muchos es injusto.
Esto desató un gran debate sobre si se ha usado
bien el dinero pagado por el cargo por confiabilidad y dónde está la plata. La
respuesta de las empresas generadoras es que está invertida. Se han construido
9 centrales hidroeléctricas y tres plantas térmicas. Adicionalmente en 2018 o
2019 entrará a operar Hidroituango, proyecto que se logró gracias a estos
recursos, así como Quimbo.
Las respuestas no deja a todos satisfechos, algunos se preguntas dónde ha estado la
Superintendencia de Servicios Públicos, encargada de la vigilancia y control de
estas plantas. La entidad se defiende con el argumento de que su función es
vigilar que se cumpla la regulación en materia de suministro de energía pero no
hacer seguimiento de los proyectos. La Superintendente, Patricia Duque dijo , “Nosotros hicimos una evaluación a toda la
cadena de prestación del servicio. Visitamos 17 generadores térmicos que
estaban suministrando la energía, con excepción de Termocandelaria”.
la Creg pasa
al banquillo.
La razón es que el precio al que las térmicas
pueden vender su energía, cuando llega la sequía, está determinado por una
fórmula diseñada por la Creg y que se conoce como “precio de escasez”. Los
operadores afirman que esta regla se ha quedado desfasadas frente a la realidad
del mercado y la Creg se ha demorado en actualizarla. Resolver el problema de
puntual de las térmicas, no es fácil. Es como buscar la cuadratura del círculo.
Que no se quiebren las térmicas, pero que tampoco se afecten los consumidores
con tarifas más elevadas.
Precisamente, el gas es la otra pata de la discusión
en la actual coyuntura. Aunque en el gobierno algunos sostienen que el país
podría estar nadando en gas y la actual estrechez del sistema sería igual,
expertos dicen que el real problema del sector está en la menor disponibilidad
de gas que tiene Colombia. Llama la atención que escasee el gas, pues siempre
se ha dicho que el país tiene reservas suficientes para ocho años. Es decir, no
debería haber restricciones en la oferta, como sucede hoy.
Uno de los proyectos más importantes, ha sido las
plantas de regasificación. Después de muchos tropiezos hace dos años comenzó la
del Caribe -está prevista para finales de
2016.- que permitirá importar gas licuado. Este proyecto se ha demorado más de
lo previsto, según técnicos del sector, por la lentitud de la Creg que tiene
que actuar decisiones más rápidas, pero también se ha visto afectada por temas
ambientales. Según la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) de no
entrar en operación en el tiempo previsto el país se vería enfrentado a serios
problemas en la atención de la demanda.
Como se ve, en esta crisis las responsabilidades
están muy compartidas. El ministerio como cabeza del sector, es el director de
la orquesta que tiene que hacer que todos sus músicos lean bien la partitura.
El hecho de que este gobierno lleve 6 ministros de minas (contando a María
Lorena en calidad de encargada) dice mucho en esta coyuntura tan difícil. Es
como si un equipo de fútbol cambiara de entrenador cada año. Eso dificulta la
continuidad de las políticas, el seguimiento a los proyectos y la respuesta a
los desafíos que se van presentando.
Ahora bien, si de responsabilidades se trata
también hay que hacer un llamado a EPM, frente al episodio del incendio, quedan
varios interrogantes relacionados con los sistemas de control que tiene la
empresa o incluso sobre el plan de respuesta rápida a estos siniestros. Al fin
y al cabo, EPM es el guardián de una de las plantas de generación más
importante del país.
Las autoridades ambientales también tienen su cuota
de responsabilidad en esta crisis por las demoras en la aprobación de las licencias para
proyectos claves para el futuro. los gobiernos
que tienen que apoyar mucho a las empresas cuando se meten en estos proyectos.
EPM tuvo que suspender Porce IV por la presencia de grupos armados
ilegales y porque las exageradas
indemnizaciones de la población asentada en la zona.
En conclusión, es importante sacar muchas
lecciones. el mercado eléctrico nacional lleva en vigencia de 20 años y ha
demostrado tener un funcionamiento confiable y eficiente y que en esta
coyuntura el país no se apagó, en dos meses, el fenómeno de El Niño se ira, hay
que estar preparados para el cambio climático, el país podría verse en condiciones más extremas que las actuales. El
tiempo dirá si de esta crisis saldrá un sector mucho más fuerte. Ojalá que así
sea.
Apagando las
luces
Los colombianos acogieron el llamado del gobierno y
voluntariamente comenzaron a ahorrar energía.
Con el fin de incentivar el ahorro, el gobierno
lanzó el plan “Apagar Paga”. Por cada peso que ahorre un hogar del consumo
promedio de energía, recibirá otro peso como incentivo. Esto se traduce en que
por cada kilovatio/hora ahorrado los usuarios residenciales y comerciales
recibirán 450 pesos. Pero si el consumo es mayor al del mes de febrero tendrán
que pagar 450 pesos adicionales por cada kilovatio extra que consuman.
Para las grandes empresas como industrias
cementeras, mineras, petroleras y grandes superficies comerciales, que son los
que más consumen energía, el gobierno anuncio que les entregará una
remuneración económica si utilizan sus propias plantas de generación y no hacen
uso del sistema interconectado nacional.
Para demostrar que “el ahorro comienza por casa”,
el gobierno anunció que todas las entidades públicas tendrían que apagar las
luces a partir de las 6 de la tarde. La medida comenzó a regir desde el pasado
lunes. Esta intensa campaña de ahorro se oficializó el lunes 7 de marzo,
después de la visita sorpresiva que hizo el presidente Juan Manuel Santos a la
hidroeléctrica de Guatapé y de hablar con Jorge Londoño, gerente de Empresas
Públicas de Medellín, (EPM). En ese momento el mandatario comprendió que el país estaba abocado a un
inminente racionamiento.
Su preocupación aumentó cuando XM, operador del
sistema interconectado, envió una carta al Ministerio de Minas y Energía, al
Consejo Nacional de Operación y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas
(Creg), para que se establecieran cortes programados de energía durante las
próximas cinco o seis semanas. Dichos cortes debían ser equivalentes al 5 por
ciento de la demanda de energía, es decir, nueve gigavatios hora/día. A ello se
sumó la propuesta del ex ministro de Minas, Amylkar Acosta, de adelantar en 60
minutos la hora oficial del país, una medida que se tomó durante el apagón de
1991.
El gobierno optó la cruzada voluntaria que comenzó a
dar resultados. El lunes de la semana pasada el consumo bajó 1,7 por ciento; el
marte 1,98, el miércoles se redujo 4,4 por ciento y el jueves el ahorro llegó
al 4,26 por ciento. Todavía no se ha logrado la meta de ahorro del 5 por
ciento, por lo que los llamados al
ahorro serán permanentes. A pesar de las lluvias de los últimos días los
embalses siguen en niveles cercanos al 28 por ciento
